BARCELONA.-
La Audiencia de Barcelona ha dejado sin indemnización a un trabajador que se
quedó tetrapléjico tras precipitarse por el hueco de una obra, en la que estaba
trabajando sin las preceptivas medidas de seguridad, por entender que su
actuación fue "imprudente".
Según
la Sección Segunda del tribunal provincial, el trabajador "procedió a
subirse a un caballete aceptando voluntariamente el riesgo de precipitarse al
vacío", por lo que concluye que el accidentado "omitió la más
elemental norma de cuidado".
La
sentencia revoca el fallo del Juzgado de lo Penal número 1 de Mataró, que
condenó al empresario y al arquitecto de la construcción a un año de prisión
para cada uno y al pago de una indemnización para el trabajador de 380.000
euros. Además, el fallo del tribunal provincial no admite ningún recurso.
El
accidente, que dejó al trabajador Enrique Pociño Ferrera tetrapléjico, ocurrió
en julio de 1999, en una obra de Premià de Mar (Barcelona). El operario se
encontraba cerca de un hueco de una ventana colocando baldosas. Para llegar al
techo, el hombre se subió a un caballete del que resbaló precipitándose al
vacío desde una altura de tres metros y medio.
El
Juzgado de lo Penal número 1 de Mataró condenó al empresario y al arquitecto y
aparejador del edificio a un año de prisión y a indemnizar al operario con
380.000 euros por un delito de lesiones imprudentes, al constatarse que no
existían medidas de seguridad para la realización del trabajo.
Miedo
al despido
El
primer fallo señalaba que el empresario y el arquitecto sabían que "no
había medidas de seguridad en el hueco de la ventana" y que la barandilla
de protección que había "consistía en unos quitamiedos con placas
metálicas y unos transversales de madera".
Durante
el juicio, el trabajador aseguró que en la obra no había medios de seguridad
necesarios para realizar el trabajo y afirmó que "no los pidió porque lo
hubieran puesto en la calle" y que tenía miedo "de que lo
despidieran".
El
informe que realizó la Inspección de Trabajo constataba que "la causa
principal del accidente fue la falta de protección en el hueco de la fachada
del edificio", lo que generaba "un grave e inminente riesgo de caída
de los trabajadores". El informe concluía que "no había medidas para
proteger a los trabajadores de la obra.
Por
ello, el Juzgado de lo Penal número 1 de Mataró culpó al empresario y al
aparejador de la construcción de un delito de lesiones ya que "existía una
situación de peligro apreciable incluso por quien no es profesional de la
construcción".
"Conducta
clamorosamente imprudente"
Los
empresarios recurrieron el fallo ante la Audiencia de Barcelona, por entender
que "la desgraciada e irreversible temeridad" del propio trabajador
"fue la circunstancia que justificó la tragedia".
Según
el tribunal de la Sección Segunda de la Audiencia de Barcelona, "no puede
aceptarse" que el trabajador "niegue su comportamiento imprudente con
base en que los acusados no le habían proporcionado medio alguno de
seguridad" ya que considera que "subirse para realizar su trabajo en
un caballete", situado "próximo a un hueco en una fachada sin
protección alguna", es una "conducta clamorosamente imprudente".
2003-11-06
www.elmundo.es
Entra
en vigor la Ley General de Telecomunicaciones, que modifica algunos aspectos
del 'spam' de la 'Ley de Internet'
EUROPA
PRESS
MADRID.-
El envío de correos electrónicos comerciales por parte de empresas a usuarios
con los que han tenido una relación contractual no requerirá a partir de hoy
que éstos hayan expresado su consentimiento expreso. Esto supone una
modificación legal sobre los controvertidos 'e-mails' publicitarios no
solicitados, conocidos como 'spam'.
La
publicación ayer en el Boletín Oficial del Estado (BOE) de la Ley General de
Telecomunicaciones (LGT) implica su entrada en vigor hoy.
La
LGT modifica el artículo 21 de la Ley de Servicios de la Sociedad de la
Información y de Comercio Electrónico (LSSI), que prohibía expresamente mandar
"comunicaciones publicitarias o comerciales por correo electrónico u otro
medio de comunicación electrónica equivalente que previamente no hubieran sido
solicitadas o expresamente autorizadas por los destinatarios de las
mismas".
La
disposición final primera de la LGT recoge que esta circunstancia no será de
aplicación "cuando exista una relación contractual previa, siempre que el
prestador hubiera obtenido de forma lícita los datos de contacto del
destinatario y los empleara para el envío de comunicaciones comerciales
referentes a productos o servicios de su propia empresa que sean similares a
los que inicialmente fueron objeto de contratación con el cliente".
Es
decir, cualquiera que haya dado su correo electrónico a una tienda 'on line',
un banco por Internet u otra empresa que preste servicios en la Red podrá
recibir 'e-mails' de estas empresas, en teoría sólo relacionados con el
producto o servicio contratado previamente. La LGT no prevé más límite que la
negativa expresa del usuario.
Revocación
El
nuevo artículo 21.2 señala también que el prestador deberá ofrecer al usuario
la "posibilidad de oponerse al tratamiento de sus datos con fines
promocionales mediante un procedimiento sencillo y gratuito, tanto en el
momento de recogida de los datos como en cada una de las comunicaciones
comerciales que le dirija".
Para
acabar de ajustar las modificaciones, la LGT también elimina el artículo 22.1
de la LSSI, que explicitaba la obligación de que las empresas solicitaran a los
usuarios su consentimiento para utilizar su dirección electrónico con fines
comerciales.
Igualmente,
el nuevo artículo 22.2 dice que los prestadores de servicios que empleen
dispositivos de almacenamiento y recuperación de datos deberán informar a los
destinatarios "de manera clara y completa sobre su utilización y
finalidad", ofreciéndoles la posibilidad de rechazar el tratamiento de los
datos mediante un procedimiento "sencillo y gratuito".
Estas
modificaciones suponen también, por lógica, la modificación de algunos detalles
del régimen sancionador de la LSSI. Además, a partir de ahora la Agencia de
Protección de Datos tendrá potestad para "la imposición de sanciones por
la comisión de infracciones" referidas al 'spam'.
'España.es'
Finalmente,
la LSSI también incluye a partir de mañana una nueva disposición adicional
sexta, titulada 'Fomento de la Sociedad de la Información', que ha generado
polémica al entender el PSOE que su aprobación implica que el nuevo plan
'España.es 2004-2005' "nace muerto".
El
texto recoge que el Ministerio de Ciencia y Tecnología "presentará al
Gobierno para su aprobación y a las Cortes Generales un plan cuatrienal para el
desarrollo de la Sociedad de la Información y de convergencia con Europa con
objetivos mensurables, estructurado en torno a acciones concretas, con
mecanismos de seguimiento efectivos".
2003-11-06
www.elmundo.es
La
Generalitat, condemnada per la sobredosi mortal d'una presa de Brians
El
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha estimat la reclamació del
pare d'una dona morta per una sobredosi a la presó i estableix en 26.444 euros
(4,4 milions de pessetes) la indemnització que li ha de pagar la Conselleria de
Justícia.
Inicialment,
Juan M. va reclamar directament a l'Administració autonòmica una indemnització
per la mort de la seva filla Lucía al centre penitenciari de Brians el 1994.
Concretament, la mort es va produir quan, en un vis a vis, el seu company
sentimental li va proporcionar alcohol i droga.
La
seva parella va ser la que va introduir la substància estupefaent a la presó
així com les xeringues per injectar-la. Justícia va denegar la petició de la
família, i per això van acudir als tribunals. "És evident que el sistema
de control i vigilància no va estar a l'altura de les circumstàncies",
afirma la sentència de l'alt tribunal, que estableix la indemnització per al
pare.
En
qualsevol cas, la quantitat establerta pel tribunal correspon a un 40% de la
quota total, a l'entendre que "es considera de més pes la intervenció
voluntària de la pròpia víctima sumada a la col.laboració del seu visitant,
establerta en un 60%".
2003-11-06
www.elperiodico.com
EXTRADICIÓ.
Les autoritats alemanyes extraditaren ahir a Espanya el presumpte membre del
«comando Araba» d'ETA Pablo Elcoro, a qui se li atribueix la tramesa de cartes
amenaçadores contra empreses turístiques i ambaixades europees i la seva
presumpta participació en un atemptat contra la base militar d'Araca (Àlaba) el
1997. Elcoro, qui fou detingut a la ciutat alemanya de Nuremberg el passat 21
de gener, arribà ahir a l'aeroport madrileny de Barajas per ser posat a
disposició judicial.
E.P.
Madrid.
El
jutge de l'Audiència Nacional Juan del Olmo assegura que el Govern basc, que
atorgà subvencions a Egunkaria, «desconeixia» la trama presumptament delictiva
muntada al voltant del diari, «fet que obligarà aquest Jutjat (...) a realitzar
l'oportú oferiment d'accions».
Així
ho afirma el magistrat en l'acta en la qual rebutja el recurs contra una
resolució en la qual ordenà l'embargament preventiu «sobre tots els béns i
drets (pel seu valor total) la titularitat dels qual correspongui a les
societats Egunkaria SA i Egunkaria Sortzen SL», i en la qual assenyala que el
diari amagà beneficis i falsejà les xifres de tirada per rebre subvencions
públiques.
2003-11-06
www.diaridebalears.com
Dos
nois van admetre ahir al matí a l´Audiència de Girona que el maig de 2002
havien acumulat en un centre de menos de la ciutat 75 pastilles d´èxtasi per
traficar amb elles. Els joves van acceptar els càrrecs que els imputava el
fiscal després que l´acusació els rebaixés dos anys la seva petició de presó.
Així, els encausats van ser condemnats oralment, per la presidenta de la sala,
a tres anys de reclusió. No va ser necessari celebrar el judici. Van confessar
els fets i el Ministeri Públic va matisar que una part de les píndoles de MDMA
que els va trobar un educador de la fundació propietària del pis era per al seu
consum propi.
Els
nois, que en el moment del succés tenien 18 anys, estaven en un habitatge d´un
centre educatiu al barri gironí de Germans Sàbat el matí de l´11 de maig de
2002. Un supervisor de la fundació s´hi va desplaçar i va descobrir que tenien
sobre una taula un pot per guardar rodets fotogràfics. A l´interior hi havia 75
pastilles d´èxtasi amb un dibuix d´un trèvol encunyat. La substància pesava
19,326 grams i tenia una puresa del 15,3 per cent. Els sospitosos, de
nacionalitat marroquina, van ser arrestats. Poc després, el Laboratori
Territorial de Drogues de Barcelona confirmava les primeres sospites: la
mercaderia era droga.
La
Fiscalia, abans de la vista, sostenia que els nois pretenien vendre aquesta
substància a 6,01 euros la unitat. Solálicitava per a cadascun d´elles una pena
de cinc anys de presó i 1.350 euros de multa. Tant la petició de reclusió com
de sanció econòmica es va reduir quan el representant públic va tenir en compte
que una fracció dels estupefaents eren per als mateixos processats. Ni ells
Ðcondemnats a tres anys i 400 eurosÐ ni els testimonis van haver de declarar en
el judici.
2003-11-06
www.diaridegirona.es
n
L´Audiència de Girona ha ordenat que el propietari d´un prostíbul de la ciutat
que va simular que treballava com una pensió tanqui el seu negoci i deixi
l´immoble on va ubicar el club com estava abans d´establir-s´hi. La seva
comunitat de veïns va aprovar uns estatuts en què es prohibia específicament
dur a terme l´activitat que ell anunciava als diaris. No obstant, el demandat
els va ignorar. Els seus oponents el van dur als tribunals i, ara, el Palau de
Justícia els ha donat la raó.
El
responsable del prostíbul, Antoni Pujolà, va arribar a la comunitat del número
240 de l´avinguda de Santa Eugènia per muntar un prostíbul, tal com reconeix la
secció primera de l´Audiència. On hi havia una finestra, va obrir una porta. En
aquest indret va indicar que s´hi accedia per un altre carrer, el Manel Vinyes
i Graugès, «menys fàcil de recordar per als clients potencials», segons va
sostenir durant el procés l´advocat demandant, Carles Balbín. A més, va pintar
de color verd la façana i va adaptar l´espai a la seva nova utilitat. Les
queixes de la comunitat van arribar ràpidament al Jutjat de Primera Instància
número 6 de Girona.
Quan
la comitiva va inspeccionar l´edifici, presumiblement ja havia fet algunes
modificacions per ocultar quina era l´autèntica finalitat de les habitacions.
La magistrada que va veure el cas inicialment ho resumia a la seva resolució:
«Va resultar inhabitual per a una vivenda o una pensió, que en cada habitació
existís un ventilador amb l´exterior, però que no hi hagués armaris on guardar
les pertinences, o que els radiadors, que estaven apagats i que no es té constància
que funcionessin, tinguessin tres claus de pas, dues d´elles idèntiques a les
del lavabo, com si, per exemple, abans hi hagués hagut en el seu lloc bidets».
El
jutjat va resoldre que la «conversió en porta de la finestra que existia a la
façana de Santa Eugènia és una alteració d´un element comú de la comunitat en
propietat horitzontal». Al seu parer, «la construcció o tancament d´un traster
en la zona del garatge comú està prohibit pel títol de propietat horitzontal i
és alteració d´un element comú». La nova pintura de la façana, verda, li
mereixia idèntica consideració.
Imposició
de costes
La
jutgessa va concloure que en la vivenda del demandat «es desenvolupa una
activitat anàloga a la prostitució o de club de cites, i aquesta està prohibida
pels estatuts de la comunitat i també està prohibida per la Llei de Propietat
Horitzontal per molesta», tal com havia assenyalat Balbín.
El
Jutjat número 6 primer, i la sala primera de l´Audiència després, van condemnar
Antoni Pujolà a desfer les obres que havia realitzat, «perquè deixés les coses
en el seu estat anterior». Igualment li van exigir que cessés, «de forma
immediata, l´activitat anàloga a la prostitució que desenvolupa en l´habitatge
situada al carrer Manuel Vinyes i Graugès, número 1, baixos». El Palau de
Justícia l´adverteix «expressament» que si no compleix aquesta sentència «podrà
ser privat de l´ús temporal de la casa». En aquest cas, l´immoble seria
precintat fins a un temps màxim de tres anys. El tribunal, integrat pels
magistrats Fernando Lacaba, Fernando Ferrero i Carles Cruz, a més, imposa les
costes al condemnat.
Abans
d´aprovar els estatuts de la comunitat que finalment han motivat la seva
condemna, el demandat va ser informat sobre la seva tramitació. La resposta de
la demanda alálegava que el domicili s´usava «com a punt de contacte de noies
que fan d´acompanyants», segons recorda el Jutjat número 6 de Girona. En opinió
d´aquesta instància, no són més que «eufemismes» de l´activitat real: la
prostitució.
2003-11-06
www.diaridegirona.es
