MADRID.-
El Tribunal Supremo ha absuelto al ex ministro de Justicia José María Michavila
de la demanda presentada contra él por el ex fiscal jefe de Madrid, Mariano
Fernández Bermejo, que le acusaba de dañar su honor y buen nombre por decir que
estaba "en rebeldía" frente a los juicios rápidos.
El
Supremo estima que en la presente causa concurren "todas las
circunstancias necesarias para proclamar que en la colisión existente entre la
libertad de expresión e información con el derecho al honor, debe predominar
aquella, y por ende y como consecuencia ineludible, la desestimación de la
demanda".
El ex
fiscal jefe de Madrid presentó el 22 de mayo de 2003 demanda de protección al
honor contra Michavila por considerar que el ministro dañó su buen nombre al
afirmar, en una rueda de prensa celebrada el 28 de abril del mismo año, día en
que comenzaron los juicios rápidos, que el fiscal estaba boicoteando su puesta
en marcha y que estaba "en rebeldía" contra la ley.
En su
sentencia, el Supremo ha dictaminado que no se vulneró el derecho al honor de
Bermejo y que prevalece la libertad de expresión, como mantenía el fiscal de
Sala Jesús Bernal.
El ex
fiscal jefe de Madrid pedía que el ministro fuera condenado a indemnizarle con
60.000 euros por el perjuicio causado.
Ambos
comparecieron en el Alto Tribunal y los dos lo hicieron desde su condición de
ex. Michavila sustituyó la cartera de ministro por la carpeta que utilizan los
diputados del Congreso. Bermejo, que no fue confirmado en su cargo de fiscal
jefe tras una reforma del Estatuto Fiscal llevada a cabo el año pasado por el
Gobierno del PP, acudió al Tribunal desde su actual destino de fiscal de a pie.
Michavila
ha sido el primer titular de Justicia juzgado por el Supremo.
04-05-2004
www.elmundo.es
CEUTA.-
La Audiencia Provincial de Cádiz en Ceuta ha condenado a seis años de prisión a
un marroquí, acusado de actuar como 'motor humano'. Se trata de la primera
sentencia de este tipo dictada contra una persona por tráfico de inmigrantes
por el mar.
La
sentencia condenatoria se ha dictado contra un marroquí que introducía en el territorio
nacional a inmigrantes subsaharianos a nado, a los que ayudaba a llegar a las
playas de Ceuta empujándolos desde las costas de Marruecos.
El
marroquí Rachid A., de 25 años, que utilizaba trajes de neopreno para estas
travesías, ha sido condenado por un delito contra los derechos de los
ciudadanos extranjeros, agravado por el riesgo de la travesía a nado.
Los
dos inmigrantes subsaharianos -un hombre y una mujer- a los que pretendía
introducir cuando fue detenido tuvieron que permanecer amarrados a flotadores
para no ahogarse, lo que ha motivado que la sentencia sea mayor.
En el
momento de la operación de la Guardia Civil, el acusado se había alejado unos
30 metros de los inmigrantes, abandonándolos a su suerte hasta que fueron
rescatados por los agentes del instituto armado.
El
marroquí fue detenido el 17 de enero de este año y los dos inmigrantes
presentaron síntomas de hipotermia y agotamiento.
04-05-2004
www.elmundo.es
Al
banc dels acusats de l'Audiència seia una conductora de Vielha, que ha acceptat
6 mesos de presó
03-05-04
13:24 - L'Audiència de Lleida ha celebrat aquest dilluns el primer judici amb
tribunal popular per un delicte d'omissió de socors. Al banc dels acusats ha
segut una conductora de Vielha que, presumptament, va atropellar un vianant i
va marxar del lloc dels fets. Les dues parts han acabat pactant i, per tant,
s'ha suspés. Els advocats de la víctima han acceptat la rebaixa de la pena d'un
any a sis mesos de presó. L'acusada s'ha declarat culpable dels fets que van
passar a Vielha l'estiu del 2001. També s'ha pactat una indemnització de
186.000 euros. Després de l'accident la víctima, Albert Roselló, va passar
diversos mesos en estat de coma. A més, ha quedat incapacitat per fer la seva
feina de montador. Té parcialment paralitzat el braç dret i no pot escriure.
També té problemes visuals. Roselló creu que el pacte és injust.
El
jove, natural de Castelló, caminava a la nit per un via sense vorera.
Concretament, els fets van passar a la carretera d'Elurra, a les proximitats de
Vielha. La dona hauria atropellat el jove i s'hauria donat a la fuga sense
atendre'l. En la seva primera declaració, l'acusada va assegurar que es pensava
que havia atropellat un animal.
04-05-2004
www.diarisegre.com
El
portavoz y concejal del grupo municipal Plataforma per Catalunya en el
Ayuntamiento de Cervera, Mateo Figuerola Niubó, aceptó ayer en el Juzgado de lo
Penal número 1 de Lleida una multa de 25 euros por haber intentado quemar la
mezquita de la capital de la Segarra en marzo de 2002.
Lleida
- Verònica Finestres
El
ministerio fiscal, que inicialmente imputaba al acusado un delito de daños y
solicitaba para el mismo una multa de 6.480 euros, rebajó la pena a 25 euros de
multa por una falta de daños, después de que el responsable del templo
declarara que no reclamaba por los destrozos materiales y que sólo quería que
se hiciera justicia.
El
acusado reconoció que el 4 de marzo de 2002 se acercó a la mezquita musulmana
de Cervera, situada en la avenida Mil·lenari, con gasolina y prendió fuego. Los
vecinos de la calle, alertados por las llamas y una intensa humareda, fueron
los que se encargaron de avisar a los Mossos d’Esquadra. Aunque en un principio
las primeras investigaciones apuntaron que se trataba únicamente de una
gamberrada, miembros del colectivo musulmán denunciaron que ya habían sido
víctimas de otros ataques racistas, como el llevado a cabo esa noche, en que el
agresor pintó en la reja la palabra moros.
Finalmente,
el 12 de marzo de 2002, la policía autonómica detuvo a Figuerola, que desde un
principio reconoció los hechos, aunque matizó que había actuado bajo los
efectos del alcohol y sin ninguna motivación racista. Sin embargo, fuentes
cercanas a la investigación indicaron que probablemente lo que habría llevado
al detenido a realizar tal salvajada habría sido la relación sentimental de uno
de sus familiares con un musulmán.
Ésa
no fue la primera vez en que una mezquita sufría un ataque. En este sentido, el
10 de marzo de 2001 se produjo uno de características similares contra el
templo de los musulmanes de Lleida, situada en la calle Pau Claris. En aquella
ocasión, unos desconocidos lanzaron piedras y destrozaron la entrada,
constituyendo el segundo ataque que sufría el recinto.
04-05-2004
www.lamanyana.es
A.
D.-REDACCIÓ | Manresa
El
veí de Súria Juan Sebastián Capell Pérez, de 42 anys, ha estat condemnat a cinc
anys i mig de presó per intentar agredir sexualment i lesionar la seva exdona
l'octubre de l'any 2002. Del temps total de condemna, n'hi abonaran el temps
que fa que ja és tancat, un any i mig de presó provisional. El condemnat també
haurà de pagar un terç de les des peses del procés, incloses les de l'acusació
particular; no podrà visitar la seva població durant cinc anys i no es podrà
acostar a la víctima a menys de 100 metres durant tot aquest període. D'altra
banda, Capell va ser absolt del delicte de violència física o psíquica
habitual. El condemnat, a més, haurà d'indemnitzar la seva exdona en concepte
de responsabilitat civil amb 8.037 euros (1.337.000 pessetes) pels 180 dies de
cura de les lesions rebudes; per les seqüeles, 8.068 euros (1.342.000
pessetes); i amb 6.000 euros més (1 milió de pessetes) per danys morals, que
fan un total de 22.105 euros (gairebé 4 milions de pessetes). Capell i la seva
dona es van separar oficialment el gener de l'any 2000, però dos mesos després
van tornar a viure junts a causa de la malaltia d'un dels fills del matrimoni,
encara que no compartien habitació ni tampoc mantenien relacions sexuals,
segons l'escrit d'acusació. La separació definitiva va ser l'agost del 2002,
quan l'acusat va abandonar la casa. L'octubre, l'acusat va en trar a
l'habitació aprofitant la sortida del seu fill, va colpejar la dona i va
intentar agredir-la sexualment. L'arribada al pis de la filla de la parella va
aturar l'atac. Segons van explicar els psicòlegs durant el judici, tant la dona
com la filla n'arrosseguen seqüeles. Els metges també van considerar que la
dona devia haver rebut maltractaments anteriorment, però l'acusat va ser absolt
d'aquesta acusació.
04-05-2004
www.regio7.com
Un
juzgado de Granada considera como accidente laboral el cáncer de mama
diagnosticado a una enfermera por considerar que éste pudo deberse a las
radiaciones a las que estuvo expuesta cuando trabajó en la planta de
Obstetricia y Ginecología de hospital Materno infantil.
EUROPA
PRESS. Granada | El juzgado de lo Social 7 de Granada ha considerado como
accidente laboral el cáncer de mama diagnosticado en 2000 a una enfermera por
considerar que éste pudo deberse a las radiaciones a las que estuvo expuesta
cuando trabajó en la planta de Obstetricia y Ginecología de hospital Materno
infantil.
Según
la sentencia, la empleada, que en 1997 sufrió también un carcinoma en un ojo,
estuvo expuesta a las radiaciones cuando estuvo encargada de custodiar una caja
fuerte "convencional" que contenía 60 cápsulas de material radiactivo
para fines terapéuticos (Radio 226).
La
mujer presentó una demanda contra el Servicio Andaluz de Salud (SAS), el
Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) y la Tesorería General de la
Seguridad Social (TGSS), después de que el segundo de los organismos rechazara
que el cáncer que padecía fuera consecuencia directa de las radiaciones y le
concediese la incapacidad absoluta por "enfermedad común".
En su
demanda, la mujer reclamó que se le reconociese invalidez absoluta derivada de
accidente de trabajo o subsidiariamente enfermedad profesional. En su
sentencia, el juez estima parcialmente la demanda de la trabajadora y declara
que está afectada por una "incapacidad permanente absoluta para toda
profesión u oficio derivada de accidente laboral" y que tiene derecho a
una pensión mensual vitalicia del cien por ciento de la base reguladora que
legalmente proceda, que deberá ser abonada junto a los atrasos, incrementos y
mejoras que correspondan.
04-05-2004
www.heraldo.es
Al
Tribunal Superior no li ha servit cap ni un dels arguments del recurrents. Ni
penes injustes, ni desproporcionades, ni excessives, ni reinserció, ni segona
oportunitat. Els magistrats de la sala penal han considerat ajustades les
condemnes de reclusió ferma imposades pel Tribunal de Corts als principals
traficants i consumidors de les operacions antidroga de l’ estiu del 2002, i
han desestimat els recursos d’ apel·lació dels lletrats perquè es rebaixessin
les penes.
La
sentència notificada ahir als catorze dels trenta-tres processats de les
operacions Triomf i Mina que van recórrer davant el Superior el 13 de gener
passat manté les penes de sis anys ferms per a tres traficants de cocaïna i
èxtasi i la multa de 3. 000 euros. Entre els presos hi ha un ordinenc que tenia
106 grams de cocaïna a casa, un resident espanyol que rebia cada setmana un
paquet de missatgeria amb cocaïna procedent de Galícia i una altre resident
espanyol que va servir de font per a la investigació, perquè guardava més de
seixanta folis amb anotacions amb la identitat de les persones a qui s’ havia
venut o comprat estupefaents, tot incloent la quantitat i el preu.
També
es manté la pena de cinc anys per al cosí del condemnat anterior, que va
explicar que traficava per finançar-se l’ autoconsum, ja que era cocaïnòman des
dels 14 anys fins als 26. La mateixa pena es confirma per a un resident
espanyol de Sant Julià que va facilitar cent pastilles d’ èxtasi a un altre
condemnat perquè li abonés un deute. Per a l’ única imputada, la parella del
jove de les anotacions, es mantenen quatre anys ferms i un altre de
condicional, tot i que va negar qualsevol implicació en els fets i va mantenir
durant les vistes del macrojudici a Encamp i també davant el Superior que
desconeixia les activitat il·legals del company. En aquest cas, la fiscalia va
considerar més greu el comportament de la processada, ja que va remarcar que no
és consumidora i, per tant, no tenia cap altra raó per traficar que aconseguir
beneficis.
Igual
que per a aquests sis recurrents, que continuen ingressats al centre
penitenciari des que van ser detinguts el juliol del 2002, es va confirmar la
pena de presó per al principal venedor condemnat dins del marc de l’ operació
Planxas. En aquest cas, es tracta d’ un resident portuguès a qui el Tribunal de
Corts va imposar cinc anys ferms en haver estat acusat de moure uns 540 grams
de cocaïna, que li haurien proporcionat uns beneficis d’ uns 15. 000 euros. El Superior,
però, sí que ha acceptat part de l’ argumentació de la defensa del condemnat,
ja que ha substituït la pena d’ expulsió definitiva per una altra de cinc anys.
En el
marc d’ aquesta operació també va ser jutjada una resident de Tarragona
establerta a la Massana que va admetre haver introduït cocaïna al Principat per
encàrrec de persones a qui va preferir no identificar. El Superior ha rebaixat
de dos anys a divuit mesos el temps de reclusió i la resta, fins a cinc anys,
passen a ser condicionals.
Quatre
nous interns a la Comella
Als
sis condemnats de les operacions Triomf i Mina que resten a la presó des del
moment de la detenció s’ hi van afegir ahir a la tarda quatre nous interns. El
Tribunal Superior va confirmar les penes per a vuit processats que restaven en
llibertat provisional i que han de complir la part de presó ferma en esgotar
les vies judicials de recursos per eludir l’ ingrés al centre penitenciari.
Quatre d’ aquests condemnats, tots autors de petites cessions de cocaïna o
reincidents en el consum d’ estupefaents, van ser traslladats per la policia
ahir mateix de la Batllia al centre penitenciari, on hauran de passar entre
divuit i dotze mesos ingressats.
Encara,
però, queda pendent l’ entrada a la presó de quatre condemnats més que no van
assistir a la notificació del veredicte. Tots poden presentar-se voluntàriament
per ser empresonats o una vegada sigui efectiu l’ edicte que els comunica la
sentència quedaran en situació de recerca. Entre els últims hi ha un resident
massanenc condemnat a tres anys com a principal consumidor i el recepcionista
d’ un hotel, que comprava cocaïna per consumir amb el gerent, i que també ha d’
ingressar a la presó.
04-05-2004
www.diariandorra.info
Anul·lada
l’absolució | El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha deixat sense
efecte la sentència que va absoldre l’acusat del crim del Bar Jerusalem, situat
al mercat de la Boqueria, perquè considera que el jurat popular que va
declarar-lo no culpable no va motivar “prou” ni de forma “precisa” la decisió.
L’assassinat
de José María Patiño, propietari del local, es remunta al 10 de febrer del
2002. La Policia va detenir un sospitós, per al qual l’acusació va demanar 30
anys de presó.
04-05-2004
www.20minutos.com
El
presidente del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC), Guillem
Vidal, aboga por crear una nueva legislación sobre el funcionamiento de los
peritos judiciales y forenses, en especial, sobre su forma de retribución
porque "no está bien legislado" y "cobran tarde y mal".
En
una entrevista concedida a Europa Press, el presidente del Alto Tribunal
catalán aseguró que "hace falta una nueva legislación" sobre este
colectivo. "Es evidente que sobre todo en los temas penales es el Estado
el que debe hacer frente a su retribución" siempre y cuando el acusado sea
insolvente, añadió Vidal, que reconoció el papel fundamental que juega este
colectivo en la administración de justicia.
"Es
un tema que no está bien legislado pero que es difícil", señaló Vidal, que
puso como ejemplo un caso en el que un perito penal ha llevado a cabo su
trabajo pero cuando hay sentencia "resulta que el condenado es
insolvente". En gran parte de los asuntos penales, acaba siendo el Estado
y la Generalitat quien tiene que retribuir a los peritos, lo que provoca que
cobren con mucho retraso.
En
este sentido, Vidal, que explicó que está participando en un curso de peritaje
forense, señaló que "el principal problema" de este colectivo
"es quién les paga".
No
obstante, para Vidal "la filosofía de pagar a los peritos es
sencilla", porque cuando no cobran es responsabilidad del Estado porque
por ejemplo "ha fracasado" en un pleito. "Cuando hablamos de un
perito judicial" quien le ha de pagar es el Ministerio de Justicia o la
Conselleria de Justicia si es que tiene competencias en el caso concreto, a
través de una factura o a través de una provisión de fondos.
ASOCIACION
CATALANA DE PERITOS.
El
secretario de la Asociación Catalana de Peritos Judiciales y Forenses, Rafael
Orellana, entidad que agrupa a la mayoría de expertos de todas las
especialidades que actúan ante los juzgados de Catalunya, se mostró
"tremendamente satisfecho" con las palabras del presidente del TSJC,
y añadió que Vidal viene a reconocer la problemática principal que tiene el
colectivo de peritos y que su propuesta de regulación vendría totalmente
secundada por la Asociación catalana.
Hasta
que esta ley no se cree, Orellana añadió que "la Conselleria de Justicia,
como órgano pagador de las minutas de los peritos judiciales, debe
concienciarse de la importancia que tiene el colectivo de peritos, pues hasta
el momento, no ha dado una solución efectiva a este grave problema".
"No
es posible --añadió Orellana-- que se pretenda mantener un cuerpo de peritos
judiciales profesionales que estén a disposición de cualquier juzgado de
Catalunya en cualquier momento, y a cambio hacerles esperar dos, tres, cinco o
diez años para poder cobrar su minuta, si es que llegan a producirse los
requisitos para ese efectivo cobro. No sabes cuándo podrás cobrar tu minuta, y
en ocasiones ni siquiera sabes si la vas a cobrar". Orellana explicó que
durante el año 2003 y desde la Asociación de la que forma parte se entablaron
negociaciones con el Departament de Justicia para solucionar el tema del cobro
de los peritajes, y se presentaron proyectos de formación para nuevos peritos,
si bien hasta el momento, la Administración no ha tenido en cuenta sus
propuestas y ha mantenido una política "poco acorde" con la voluntad
de conseguir una mayor eficacia en la administración de justicia en lo que se
refiere a los peritos.
Orellana
manifestó que para debatir los problemas del colectivo de peritos judiciales y
para darlos a conocer, se está organizando el primer Congreso Nacional de
profesionales de la pericia judicial, que se llevará a cabo el próximo mes de
octubre en la Ciutat Judicial de Valencia, bajo los auspicios de la Generalitat
Valenciana, informó Europa Press.
04-05-2004
www.laley.net
