MADRID.-
Tribunal Supremo (TS) ha anulado por segunda vez la condena impuesta por la
Audiencia Nacional a los dos integrantes del "comando Xoxua" de ETA,
Jesús María Goicoechea y Premín Sampedro, a 19 años de cárcel cada uno.La Sala
de lo Penal del alto tribunal ha admitido así el recurso de los dos presuntos
etarras, condenados por delitos de pertenencia a banda armada, tenencia de
explosivos con fines terroristas y falsificación de placas de matrículas,
contra la sentencia que tuvo que dictar la Audiencia Nacional el pasado mes de
enero después de que en noviembre de 2003 el Supremo anulara el primer fallo de
ese tribunal, le ordenara retrotraer las actuaciones y emitir una nueva.
La
primera sentencia de la sección primera de la Audiencia Nacional, de febrero de
2003, declaró probado que los dos procesados formaban el denominado comando
"Xoxua", cuya función era la información sobre cuarteles de la
Guardia Civil y diversos edificios públicos y privados así como tendidos
eléctricos. Asimismo, y por indicación de ETA los dos acusados "se
especializaron en el manejo de explosivos "realizando varios
cursillos" impartidos por la organización en Francia.
Para
llevar a cabo los ataques con explosivos la banda les entregó diverso material
y herramientas que fueron encontrados en un trastero en el domicilio de
Goicoechea en Mondragón (Guipúzcoa), según la Audiencia, que consideró probado
que los dos acusados cambiaron las placas de matrícula a un coche que la "cúpula
de ETA les había entregado en Francia cargado de explosivos".
Los
condenados recurrieron la sentencia al Tribunal Supremo, que ordenó en
noviembre de 2003 retrotraer las actuaciones para que los mismos magistrados de
la Audiencia Nacional que la habían dictado resolvieran la pretensión formulada
como cuestión previa por la defensa en relación con el delito de falsificación
de placas de matrícula.
El 14
de enero de 2004, la sección primera de la Audiencia Nacional dictó un nuevo
fallo "idéntico" al de la anterior sentencia y solo firmado por dos
de los tres magistrados que la componen ya que uno de ellos, Antonio Díaz
Delgado, se encontraba de baja por enfermedad, hechos que el Supremo considera
ahora que suponen causa de nulidad.
EL TS
señala que la sentencia recurrida "al haber sido deliberada, votada y
formada exclusivamente por dos magistrados se aparta de las normas sobre la
constitución de los tribunales" y "es nula con nulidad
insubsanable", por lo que estima vulnerado el derecho fundamental a la
tutela judicial efectiva de los dos procesados. El TS da la razón también a la
defensa de los acusados respecto a que la sentencia de la Audiencia Nacional no
ha cumplido lo que el propio Supremo exigió al anular el primer fallo, pues no
se ha pronunciado sobre la cuestión jurídica planteada por los acusados
respecto al delito de falsificación de placas.
Asimismo,
el Supremo determina que la sentencia de la Audiencia no motivó suficientemente
su decisión de imponer a los acusados 10 años de prisión por un delito de
pertenencia a banda armada y dice que la misma "no contiene ninguna
argumentación relativa a la gravedad concreta del hecho o a la personalidad del
acusado ni ninguna otra justificación de aquella pena".
12-11-2004
www.elmundo.es
SAN
SEBASTIÁN.- La Audiencia de San Sebastián ha absuelto a un hombre de 92 años
que estaba acusado de violar a una anciana de 76 cuando se quedaba sola en su
caserío de Oñati (Guipúzcoa), al considerar que no ha quedado probado que las
relaciones sexuales que mantuvieron no fueran consentidas.
El
fiscal, que inicialmente solicitaba 11 años y medio de cárcel y el pago de una
indemnización de 6.000 euros a la víctima, también retiró durante el juicio su
acusación al entender que la supuesta víctima había incurrido en
"contradicciones" y que su testimonio, principal prueba de cargo, no
era suficiente para desvirtuar la presunción de inocencia del procesado.
La
sentencia dictada por la Sección Primera de la Audiencia donostiarra, considera
probado que en 1980 el acusado arrendó una huerta situada a unos 500 metros del
caserío de la mujer y, desde entonces, acudía generalmente los viernes a
comprar el pan que ella elaboraba, visitas en las que solían mantener
relaciones sexuales.
El 11
de julio de 2001 el inculpado anunció a la mujer que al día siguiente, como
cada viernes, acudiría a comprar pan, por lo que el día 12 accedió a la cocina
del caserío, se acercó a la anciana, "le soltó el delantal, la agarró de
las manos y la colocó contra la mesa, bajándose los pantalones" con la
intención de mantener una relación sexual que creía consentida
"escudándose en la experiencia vivida durante más de 20 años".
La
mujer, sin embargo, le espetó que no continuara "dado que se encontraba su
nuera en el caserío", momento en que ésta, que se había puesto de acuerdo
con su suegra y estaba escondida en otra estancia, irrumpió en la cocina, lo
que provocó que el acusado se subiera los pantalones, pagara el pan y se fuera.
La
sentencia destaca que la tesis ofrecida por la supuesta víctima, "según la
cual conoció al acusado hace ocho o diez años -entre 1994 y 1996-" y que
mantuvieron "la primera relación sexual hace cuatro años -en el 2000-"
no concuerda "con los periodos de tiempo en los que el acusado, dada la
cercanía de la huerta que explotaba, acudía a comprar el pan a su
caserío".
La
versión de la mujer se contradice también con lo manifestado por una amiga
suya, a la que le contó que el acusado "la perseguía cuando iba a comprar
pan desde un par de años antes de la muerte de su mujer", es decir desde
1998, cuando la supuesta víctima aseguró que el primer contacto carnal ocurrió
en 2000.
El
relato de la mujer sobre el comportamiento del acusado, que según dijo la
arrastraba hasta la habitación" situada en el piso superior,
"franqueando para ello tres puertas", donde "la arrojaba
violentamente sobre la cama y la penetraba", requiere según la sentencia
de "un despliegue de recursos físicos" que no es compatible con un
hombre que entonces tenía 88 años y que tenía que forzar a una mujer 16 años
más joven que él, de complexión fuerte y que desarrollaba una actividad laboral
dura.
Tampoco
cree el tribunal que lo ocurrido el día 12 de julio de 2001 sea una
"conducta penalmente relevante" puesto que, cuando el acusado anunció
la víspera que acudiría al caserío, la mujer no se opuso, por lo que él pensó
que, como en ocasiones anteriores, mantendrían relaciones consentidas.
La
sentencia concluye que no hay pruebas que hagan pensar que las relaciones
sexuales no fueran voluntarias, por lo que absuelve al imputado y anula las
medidas cautelares que se le habían impuesto, es decir la prohibición de
acercarse a menos de 100 metros de la anciana y de acceder a su caserío, así
como la fianza de 3.000 euros que tuvo que pagar.
12-11-2004
www.elmundo.es
• El
jutge li imposa set mesos de presó per pegar a la seva dona
El
regidor d'ERC Josep Antoni Sánchez, titular d'Emergències, Seguretat Civil i
Esports de l'equip de govern municipal de Reus (PSC, ERC i ICV), va presentar
ahir la seva dimissió després de ser condemnat dilluns passat per dos delictes
de maltractament simple i una falta d'amenaces a la seva dona, Josepa T.P.,
comesos el dia 6 passat. Sánchez va admetre en un judici ràpid les acusacions
imputades.
Gonzalo
Pérez, titular del Jutjat número 6 de Reus, ha imposat al ja exregidor un total
de set mesos de presó, una multa de 150 euros i una ordre d'allunyament de la
víctima i del seu domicili per un període de 16 mesos.
SENSE
ANTECEDENTS
Al no
tenir antecedents, s'ha suspès l'execució de la pena, per això Sánchez no
ingressarà a la presó. El veredicte considera provat que Sánchez va perseguir
amb el seu vehicle Josepa quan circulava en un altre cotxe per la carretera de
Salou. En una rotonda, van baixar del cotxe i van discutir, moment en què va bufetejar
a la dona i li va cridar: "T'hauria de matar". Després, a casa, en
una altra baralla, Sánchez va donar "cops de puny i puntades" a la
víctima en presència d'una de les dues filles del matrimoni que és menor
d'edat.
El
convicte va comparèixer ahir en roda de premsa i va justificar l'abandonament
del càrrec. "No vull que la meva vida personal perjudiqui l'ajuntament, el
govern a què pertanyo, el partit que va confiar en mi i, sobretot, la
ciutat". Abatut i parlant amb dificultat, va qualificar la decisió
adoptada de "molt difícil" i va reclamar respecte per la seva vida
privada i la de les seves filles.
La
secció local d'ERC va emetre un succint comunicat en què qualificava el
cessament com "un acte de coherència" i en què demanava preservar
"la privacitat de les persones". L'equip de govern no es va
pronunciar oficialment, encara que fonts d'aquest van admetre que era l'única
sortida digna per a Sánchez.
12-11-2004
www.elperiodico.com
El
Tribunal Supremo ha rebajado de seis años a diez meses de prisión la condena
impuesta por la Audiencia de Tarragona al propietario de una antigua industria
química de Vimbodí (Tarragona) por verter residuos tóxicos a un torrente y
contaminar acuíferos al estimar que no se trató de un delito continuado.
EFE |
La
Sala de lo Penal del alto tribunal ha estimado parcialmente el recurso presentado
por el condenado contra la sentencia de la Audiencia Provincial de 2000 que,
además de imponerle seis años de prisión menor, le condenó a pagar una multa de
30.051 euros y a indemnizar con 32.101 euros al Dominio Público Hidráulico por
el sellado de la mina que suministra las fuentes que también quedaron
contaminadas.
La
Audiencia consideró probado que la empresa Davsa se dedicó a la producción de
ácido oxálico y sales potásicas, que se utilizaban en la industria farmacéutica
y textil para blanquear y pulir mármoles así como para limpiar circuitos de
refrigeración, hasta febrero de 1995 cuando sufrió un incendio que destruyó la
factoría.
En
1962, la citada empresa solicitó la licencia municipal al ayuntamiento de
Vimbodí, que nunca llegó a otorgar y en 1976, la Comisaría de Aguas del Pirineo
Oriental autorizó el vertido de aguas residuales con unas limitaciones, que la
química no cumplió.
Según
la sentencia, el volumen de aguas residuales vertidas por Davsa se eleva a
11.214 metros cúbicos por trimestre y llegó a 360 metros cúbicos en un solo
día. La fábrica efectuó los vertidos en tres lugares que desembocan en el
barranco Baseta que accede al río Milans y finalmente al Francolí.
La
contaminación de las aguas y su elevado grado de acidez impidieron la
existencia de vida animal y la mina que alimenta las fuentes donde se recoge el
agua para el consumo humano tuvo que ser inutilizada, según la sentencia.
El
Tribunal Supremo considera que la Audiencia Provincial calificó erróneamente
como continuado el delito medioambiental, por lo que decide imponer la pena de
10 meses de prisión menor.
Explica
que la duda sobre la continuidad en los delitos ecológicos radica en la
naturaleza de la conducta y dice que aunque resulta patente que un único
vertido puede dar lugar a un delito 'lo normal es que sea una pluralidad de
vertidos'.
El TS
indica que es la pluralidad de acciones emisoras la que, en su conjunto, da
lugar a la contaminación grave que requiere el tipo penal y se refiere a una
sentencia anterior que entendió que la pluralidad de vertidos se agrupan en un
único delito.
En
este caso, agrega, no se identifican distintos actos de vertido 'cada uno de
los cuales es generador de la situación típica de contaminación grave, sino que
es la pluralidad de vertidos lo que ha de ser considerado como vertido'.
12-11-2004
www.diaridetarragona.com
El
juez de la Audiencia Nacional Juan del Olmo acordó hoy ampliar la imputación
del confidente Rafá Zouhier, hasta ahora acusado solamente de colaboración con
banda armada en relación con los atentados del pasado 11 de marzo en Madrid, al
delito de tenencia ilícita de armas.
EFE |
Según
informaron fuentes jurídicas, el magistrado adoptó esta decisión a instancias
de la fiscal del caso, Olga Sánchez, y después de tomar declaración a Zouhier
durante más de tres horas y media acerca de una pistola que el imputado
reconoció haber tenido a partir de las Navidades de 2003, aunque el arma no ha
aparecido.
El
confidente hizo referencia a esta pistola durante la declaración que prestó
ante el juez el pasado mes de agosto, poco después de ser excarcelado por orden
de Del Olmo para asistir a un registro en la vivienda de su madre, en la
localidad madrileña de Villanueva del Pardillo.
Durante
la diligencia, la Policía comprobó la existencia en el colchón de una cama de
un agujero susceptible de albergar un arma corta, además de unas manchas o
quemaduras supuestamente causadas por la explosión de un detonador o de un
trozo de dinamita que Zouhier habría probado en septiembre u octubre de 2003.
Sobre
la procedencia de la pistola, el confidente -que según las fuentes consultadas
matizó hoy algunas de sus manifestaciones y amplió otras- aseguró que se la
había proporcionado un traficante de hachís llamado Lofti, socio de Jamal
Ahmidam, 'El Chino', uno de los autores del 11-M que el pasado 3 de abril se
suicidó en Leganés.
Zouhier
añadió, además, que Lofti recibía las armas de un guardia civil al que
identificó como Pedro.
Con
su declaración de hoy ante el juez, Zouhier ha comparecido ya en cinco
ocasiones ante el magistrado, puesto que lo hizo el 24 de marzo, cinco días
después de su detención en Madrid; el 21 de mayo, el 17 de junio y el 26 de
agosto.
A la
salida de la Audiencia Nacional, desde donde fue conducido a la prisión en la
que permanece desde que fue detenido, Zouhier manifestó a los periodistas: 'soy
inocente, quiero mucho a España y aunque me condenen voy a querer a España
igual'.
La
prisión del confidente ha sido confirmada por la sala de lo penal de la
Audiencia Nacional, que lejos de valorar, como él pedía, su colaboración con la
Guardia Civil, ha recordado que 'no puede dejar de tenerse presente' que Del Olmo
le acusa en sus resoluciones de generar 'confusionismo' deliberadamente.
Esto
es así, según señalaba la sala en el auto en el que avaló la decisión de Del
Olmo de mantener a Zouhier en prisión, porque 'conociendo el radicalismo de
Jamal Ahmidam y que (el ex minero José Emilio) Suárez Trashorras le había
proporcionado importantes cantidades de explosivos, no lo puso en conocimiento
de la Guardia Civil'.
Para
soslayar esta falta de colaboración, añadía el tribunal, Zouhier 'pretende
ampararse en el comentario que había hecho el año anterior cuando entregó una
muestra de explosivo, al parecer en mal estado, a la Guardia Civil, para
justificar que no hubiese vuelto a proporcionar datos hasta después de
producido el atentado del 11 de marzo'.
El
auto agregaba que 'parece que de quedar en libertad el recurrente exista un
riesgo cierto de que trate de eludir la acción de la Justicia, ya que se trata
de un ciudadano marroquí que podría contar con vínculos en el extranjero para
tratar de salir del país y que no habría de verse denostado en todos los
sectores por su presunta colaboración' en los atentados.
12-11-2004
www.diaridetarragona.com
«Capos»
de la droga de Tarragona proveïen Abderrahamane B., el «cervell» de la xarxa
El
jutge Enrique Morey, titular del jutjat d'instrucció número 9 de Palma,
empresonà ahir el narcotraficant marroquí que introduïa grans partides a l'Illa
i els seus més estrets col·laboradors. Abderrahmane B., el «cervell» de la
banda que introduïa de manera massiva drogues a Mallorca, ingressà ahir a la
presó, al costat de tres dels seus més estrets col·laboradors. Uns altres tres
implicats en la trama, que foren arrestats per la Guàrdia Civil, han quedat en
llibertat amb càrrecs.
Els
set detinguts en l'operació desenvolupada per l'EDOA (Equip de Delinqüència i
Crim Organitzat), que ha conclòs amb la intervenció de 15.000 pastilles
d'èxtasi, un quilo de cocaïna i 50 quilos d'haixix, passaren ahir al matí a
disposició judicial. Un furgó de la Benemèrita els traslladà des de la
Comandància de Palma, al carrer Manuel Azaña, als jutjats de Via Alemanya. El
jutge Enrique Morey els anà cridant un a un i després de diverses hores
d'interrogatori decidí empresonar-ne quatre i deixar en llibertat els altres
tres. Abderrahmane B., Pedro G.J.A., Adriana M.R., i Antonio O.M. foren
conduïts fins a la penitenciaria, mentre que Covadonga M.R., que és germana
bessona d'Adriana, un marroquí anomenat Hassan i Hakima A., la companya del
«cervell» de la banda, pogueren tornar a casa.
Respecte
d'Abderrahmane, es tracta d'un cas excepcional entre els estereotips de
narcotraficants de l'Illa. Malgrat obtenir importants quantitats de diners,
duia un tren de vida modest, gairebé marginal. Des de fora era molt difícil
apreciar que era un dels grans «narcos», sobretot perquè amb prou feines es
relacionava amb la gent. Passava dies sencers sense sortir de la seva casa del
carrer Bayoneta número 4, una travessia de Joan Miró, i quan es posava en
contacte amb els seus col·laboradors eren ells els que es desplaçaven a aquell
apartament, petit i brut.
Arribà
a Mallorca fa tres anys i hi residia de manera legal. Els seus contactes més
importants, els que li subministraven la mercaderia, eren a Tarragona, en
concret a Reus. La Guàrdia Civil es traslladà fins a aquella ciutat per
«estirar de la manta», però els capos eren professionals i no fou possible identificar-los.
A l'operació es punxaren telèfons i s'efectuaren vigilàncies dia i nit en
domicilis i discoteques. El resultat ha estat un èxit: una partida històrica i
la banda desmantellada.
12-11-2004
www.diaridebalears.com
L’
aplicació de mesures alternatives a l’ ingrés dels condemnats al centre
penitenciari és un dels sistemes de sancions que es potencien en el projecte de
codi penal. L’ exposició de motius del text presentat ahir públicament preveu “
un ampli ventall de formes punitives, amb la preocupació prioritària de
preveure possibilitats alternatives a la presó” . Així, els redactors del text
han previst que de manera més habitual s’ imposin penes com ara l’ arrest, el
control monitoritzat o els treballs en benefici de la comunitat (que ha de
consentir l’ afectat “ perquè no siguin assimilats com a treballs forçats” ).
D’
entre les noves sancions, pensades “ per evitar els greus costos personals i
socials inherents a l’ internament” , es preveu l’ arrest de temps lliure – que
pretén que la persona condemnada no trenqui els vincles laborals i personals
que li comportaria entrar a presó– . En la mateixa línia, s’ amplia l’
aplicació del sistema de control monitoritzat a les formes de semillibertat, d’
arrest domiciliari o d’ arrest nocturn.
La
majoria d’ aquestes sancions són aplicables en els casos de les contravencions
penals, com ara el cas del consum d’ haixix, i també per alguns delictes com
ara l’ omissió del deure de socors o la destrucció o alteració d’ un hàbitat.
El conseller socialdemòcrata Francesc Rodríguez va explicar que “ s’ hi han
volgut incloure figures que no hi estaven incloses i les que hi eren i no s’
aplicaven s’ han posat com a únic tipus per castigar determinades
contravencions penals” . Tanmateix, el conseller liberal i president de la
comissió d’ Interior, Joan Albert Farré, va remarcar que “ el codi faculta els
tribunals a imposar altres tipus de penes, però l’ aplicació depèn d’ ells” i
es va referir a més als nous atenuants que s’ hi introdueixen “ com ara el d’
haver reparat el dany causat a la víctima” .
Farré
va destacar com a filosofia general que el text que s’ ha proposat al Consell
General “ deixa enrere els criteris d’ índole moral i atén només raons
objectives” i també que s’ hagin incorporat “ penes mínimes de presó per als
delictes majors que fins ara no hi eren” .
Aquest
element va ser indicat pel representat del grup mixt Joan Monegal, que va
remarcar el caràcter de garant del codi. El conseller va assegurar que aquesta
filosofia “ intoxica tot el text perquè s’ emmarca en l’ àmbit constitucional,
perquè les conductes delictives intenten tipificar-se de manera exhaustiva i la
persona sap el risc en què incorre, perquè estableix penes predeterminades i
fixa formes d’ execució que fan que el delicte provat no quedi impune” .
Els
consellers van destacar que el text ha estat elaborat de manera consensuada per
tots els partits i que modernitza l’ anterior “ que era anacrònic i estava
allunyat de la societat” . Segons Rodríguez, la prova que demostra el consens “
és que agrada a tots i no agrada a ningú, perquè si agradés més a algú voldria
dir que s’ hauria fet més segons la manera de veure d’ una determinada part” .
Més
duresa amb els traficants
La
penalització dels delictes relacionats amb els estupefaents s’ ha fet a partir
de la consideració “ que el consumidor és un malalt i no un delinqüent” i per
això s’ han endurit les penes per castigar la venda de drogues, segons va
destacar Francesc Rodríguez.
Així,
l’ article 283 preveu castigar el tràfic de substàncies tòxiques a gran escala
amb una pena de vuit a setze anys i si es tracta de les anomenades drogues
toves la pena oscil·la entre els sis i els dotze anys. En l’ actualitat aquest
delicte està penat amb un màxim de vint anys i un mínim de cinc. Per arribar a
la màxima penalitat, el projecte del codi penal inclou que hi hagi facilitació
de la droga a menors, que es difongui en escoles o que la substància estigui
manipulada.
Des
de la comissió d’ Interior es va remarcar que la reducció de penes “ té lloc en
el cas de consum propi perquè amb l’ actual codi es podien donar repressions
més àmplies del que la societat volia” , va indicar Joan Albert Farré. En la
mateixa línia, Joan Monegal va destacar que la filosofia és ser més repressiu
amb el venedor “ i no amb la víctima del procés” .
12-11-2004
www.diariandorra.info
• Una
altra sentència reafirma l'ordre d'atur d'obres al Rosaleda firmada per Pujal
El
ministre de la Presidència i Turisme, Enric Pujal, va expressar ahir
públicament la satisfacció per dues sentències del Tribunal de Batlles que
aporten novetats importants sobre l'afer Rosaleda, la Casa Lacruz i també un
contrapunt a la sentència del Superior sobre el decret de la moratòria de la
construcció.
El
Tribunal de Batlles declara totalment legal el decret de protecció dels
edificis de granit que el Ministeri de Cultura va fer públic el desembre del
2002 i que, mentre es tirava endavant el tràmit de la llei del patrimoni,
prohibia l'enderroc d'onze edificis considerats com a béns d'interès cultural.
El decret havia estat impugnat davant de la justícia pels propietaris de dos
dels edificis que quedaven protegits i que no podien ser enderrocats: la Casa
Lacruz, a l'avinguda de Carlemany d'Escaldes, i l'Hotel Rosaleda, a Encamp.
Pujal
va subratllar la part de la sentència que argumenta la legalitat del decret:
l'existència d'una llei del patrimoni del 1983 i de convenis i tractats
internacionals que donaven eines legals al Govern per a la protecció d'uns edificis.
I va assenyalar la diferència amb el decret de la moratòria de la construcció,
declarat nul pel Superior. "En el cas d'aquest decret no hi havia cap llei
--la llei del sòl encara no estava aprovada-- que li donés validesa", va
explicar Pujal.
La
segona sentència feta pública ahir estableix la legalitat de l'ordre d'atur de
l'enderroc del Rosaleda firmada pel ministre Pujal i per la qual P3 SA li va
interposar una querella criminal, que formalment està provisionalment arxivada
i sobreseguda, i en la qual influiran molt aquestes dues sentències.
12-11-2004
www.elperiodico.com/andorra
Madrid.-
El Pleno del Tribunal Constitucional ha desestimado un recurso de amparo
promovido por Moisés Macia Vega contra una sentencia del Tribunal Superior de
Justicia de la Comunidad Valenciana (confirmada por el Tribunal Supremo) que
declaraba -por insuficiente motivación del veredicto- la nulidad del juicio,
del veredicto y de la sentencia del Tribunal del Jurado constituido en la
Audiencia Provincial de Alicante, que absolvía al recurrente de un delito de
asesinato. El recurrente estimaba que las resoluciones impugnadas suponen la
vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE).
La
sentencia cuenta con tres votos particulares: el de la Presidenta del Tribunal
Constitucional, Maria Emilia Casas Baamonde, y los de los Magistrados Elisa Pérez
Vera y Pablo Pérez Tremps. La discrepancia con la Sentencia radica en una
diferente interpretación del deber del Jurado de explicar su veredicto –como
una manifestación específica del deber general de motivar las resoluciones
judiciales-, y vinculado a ello, de la propia noción de presunción de
inocencia.
Tanto
el Ministerio Fiscal como la acusación particular y la representación procesal
de Margarita Jimeno Hernández –condenada por un delito de asesinato-
presentaron un recurso de apelación contra el fallo absolutorio del Tribunal
del Jurado ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana,
que declaró la nulidad del juicio y ordenó su repetición.. Macia, por su parte,
presentó ante el Tribunal Supremo un recurso de casación contra la sentencia en
apelación, que fue rechazado.
El
demandante cuestiona la anulación de un Juicio del Tribunal del Jurado, “que se
ha llevado a cabo con todas las garantías procesales existentes”, y en el que
“jamás” se ha puesto en duda la independencia de sus miembros. En su opinión
“la decisión de anular el veredicto es ir contra la L
